PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

A partir de la constitución de 1991 surge la intervención ciudadana en escenarios que antes habían sido reservados de manera exclusiva al estado, como mecanismo para regular las actuaciones gubernamentales frente al interés público y para superar la dimensión normativa a la que estaban sometidos, creando una nueva cultura en la que se desmitifica la regulación meramente normativa y se da paso al control social ciudadano, a través de la vigilancia integral a la gestión pública, establecida en los artículos 103 y 270 de la Constitución Política.

El control social se constituye así, en un proceso de acompañamiento del que hacer del estado, en el que se renuevan y fomentan nuevas formas de relación ciudadano-administración, que consolida a la ciudadanía como interlocutor legítimo frente al estado y le posibilita una intervención a partir de la vigilancia, el seguimiento y la evaluación de los planes de desarrollo, para garantizar:

a. Transparencia en el manejo y distribución de los recursos de inversión social.
b. Calidad y cobertura en la prestación de servicios de carácter público y,
c. Cumplimiento de los programas de gobierno.

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